Portafolio – 6 nov-2025
En una carta, las principales agremiaciones del sector mostraron su reparo a la iniciativa gubernamental.
Por medio de una carta, varios gremios del sector energético expresaron al Ministerio de Minas y Energía sus apreciaciones técnicas frente al proyecto de Ley 432 de 2025 “por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”.
En la misiva, las agremiaciones advirtieron que varios de sus puntos no conducen a una reducción tarifaria, y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio.
La carta firmada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, ACP, Cámara Colombiana de Energía, ACCE, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, dice que tras analizar el texto se advierte que las disposiciones del proyecto podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio, con implicaciones económicas y sociales adversas.
Agregaron que en esta nueva versión de la inciativa se adicionaron artículos que ponen en riesgo la confiablidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía.
“El reto más urgente de carácter energético que enfrenta el país es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible, hoy en riesgo por la insuficiencia de oferta de energía firme y de gas nacional. Los gremios venimos insistiendo en que sin expansión oportuna de la oferta no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se comprometerá el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo. En los últimos cinco años, y según información oficial emanada del operador del mercado de energía mayorista, ha entrado en operación menos del 30% de la generación comprometida, y más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. Este contexto demanda decisiones de política pública que destraben proyectos, impulsen nuevas inversiones y restablezcan la confianza en las reglas del mercado”, dice la carta.
Sin embargo, para los gremios, el proyecto de ley no aborda estos problemas estructurales, ni incorpora instrumentos que mitiguen el riesgo de desabastecimiento o incentiven la expansión de la infraestructura energética, de manera que no conduce a un aumento efectivo de la capacidad instalada lo que aumenta a futuro la brecha entre la oferta y la demanda.
Las empresas del sector coinciden en que “muy por el contrario, y bajo la redacción actual, produce incertidumbre y desconfianza en la estabilidad de las reglas en un momento en que el país necesita decisiones contundentes de inversión para superar el riesgo de una posible falta de energía a futuro”.
Para los gremios también es preocupante la situación de los comercializadores de energía, donde con corte a septiembre tienen saldos por recuperar cercanos a los 6 billones de pesos, de los cuales alrededor del 68% es deuda pública del orden nacional y territorial.
En ese sentido, los gremios proponen que en lugar de tramitar el proyecto en su redacción actual, se focalicen los esfuerzos en las verdaderas prioridades del sector energético nacional, que no requieren de un proyecto de ley sino de decisiones inmediatas y coordinadas.
Propuestas
Garantizar los recursos para el pago de subsidios ya otorgados a los usuarios más vulnerables de energía y gas, deuda que supera los $2,8 billones de pesos a septiembre de 2025, lo que compromete la liquidez de los prestadores y la estabilidad del sistema.
Honrar lo prometido por el Presidente Petro en mayo del 2024 acerca de que la Nación asumiría los saldos de la opción tarifaria.
Definir e implementar el esquema de prestación del servicio de Air-e en la Región Caribe, incluyendo el pago de las deudas que Air-e tiene con otros agentes del mercado, para mitigar el riesgo sistémico que hoy afecta al sector eléctrico.
Contratar conjuntamente con consultores independientes e idóneos estudios técnicos rigurosos que permitan evaluar las reformas propuestas con una base sólida de evidencia, dado que su complejidad requiere análisis superiores a los seis (6) meses contemplados por la ley, y adoptar las alternativas que se recomienden en dichos estudios.
Adelantar las acciones para asegurar la ejecución de proyectos, especialmente en aspectos sociales y ambientales, y brindar la seguridad jurídica que se requiere para garantizar el abastecimiento energético del país.
Los gremios destacaron que en anteriores comunicaciones han tenido la oportunidad de presentar al Gobierno Nacional propuestas intergremiales con relación a los temas de subsidios y saldos de la opción tarifaria, entre otros que, pero que no han sido tenidas en cuenta, razón por la cual sugieren que sean consideradas en el marco de la desarrollo normativo.