Carlos Alberto Zarruk Gómez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía (CCE) en su congreso XI reveló los retos actuales y futuros que se tienen para la sostenibilidad del sector eléctrico. Esto teniendo en cuenta que se prevé que para 2040 Colombia duplique su capacidad instalada actual para alcanzar los 43.000 megavatios (MW) para atender la nueva demanda con un enfoque hacia la reducción de emisiones y resiliencia del sistema.
Por lo tanto, el dirigente gremial resaltó que dentro de los desafíos se encuentran los retos técnicos, regulatorios y financieros para materializar los escenarios de mayor electrificación.
“Retos regulatorios para agilizar permisos y fomentar inversión en nuevas tecnologías y proyectos renovables”, mencionó Zarruk.
Un segundo tema está relacionado con la necesidad de fortalecer la infraestructura de transmisión para integrar generación distribuida y eólica/solar remota. A esto añadió que se deberá reducir la incertidumbre en marcos tarifarios y mecanismos de financiación que deben incentivar la expansión sostenible sin afectar al consumidor.
¿Qué se propone?
Dentro de la declaración que realizó el dirigente gremial emitió un par de recomendaciones que se deberían tener en cuenta con el fin de hacerle frente a los riesgos que se presentan en el sector.
Por lo tanto, lo primero está relacionado con realizar una planeación adaptativa ante variabilidad climática e intermitencia renovable para garantizar confiabilidad.
También propuso general el desarrollo de modelos de negocio innovadores enfocados en autogeneración, minigranjas solares y participación comunitaria. Aunado a esto estaría crear una coordinación multisectorial ante la electrificación del transporte, con expansión de infraestructura de recarga adecuada.
“Con estos elementos, Colombia puede encaminar una transición energética justa, sostenible y tecnológicamente avanzada, enfrentando el reto de pasar de una matriz tradicional a una electrificación integral con una planificación robusta orientada a largo plazo”, señaló Zarruk Gómez.
¿Cuáles son las amenazas?
A su vez, mencionó que la crisis financiera actual por la alta deuda con los comercializadores y distribuidores de energía genera un círculo vicioso que amenaza con deteriorar la calidad del servicio y frena las inversiones necesarias para la transición energética y la expansión del sistema.
Por otro lado, resaltó que los aspectos ambientales y sociales son factores decisivos que deben gestionarse con participación efectiva, transparencia, respeto por derechos, evaluación ambiental rigurosa y mecanismos claros de beneficio para las comunidades, para evitar retrasos, conflictos y garantizar un desarrollo energético sostenible y justo en Colombia.
“La falta de agilización de trámites en licencias ambientales, así como la complejidad de las consultas con comunidades ancestrales, han generado suspensiones y lentitud en el avance de los proyectos”, dijo el dirigente gremial.
Y mencionó que uno de los retos fundamentales del estado colombiano en el desarrollo del sector es la solución del problema de seguridad, confiabilidad y accesibilidad del servicio en la región caribe.
“La confiabilidad del suministro eléctrico está en riesgo. El 35% de los hogares de la región Caribe podría enfrentar racionamientos prolongados debido a la crisis financiera de Air-e, con una deuda cercana a $1,5 billones, lo que afecta su capacidad de operación y mantenimiento de redes. Es un problema estructural de varias décadas en el que confluyen factores financieros, bajos niveles de inversión, necesidad de mantenimiento y renovación de redes y problemas críticos de cartera y cultura de pago”, mencionó.
El dirigente de la Cámara Colombiana de Energía (CCE) señaló que las medidas regulatorias recientes propuestas por el Ministerio de Minas y Energía buscan controlar costos y asegurar suministro, pero han generado preocupación en el sector por el impacto que pueden tener en la inversión y en las condiciones para nuevos proyectos, especialmente por la incertidumbre normativa y las restricciones a la comercialización de energía, que pueden afectar la confianza y la rentabilidad esperada para los inversionistas futuros.
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Con lo que dijo que: “una de las preocupaciones fundamentales es que en algunas decisiones primen los criterios políticos sobre el análisis técnico. Este es un sector cuyas decisiones deben estar basadas fundamentalmente en análisis técnicos. Debe haber consideraciones políticas y de carácter social como en el caso de los subsidios de energía para los estratos bajos de la población, pero en las decisiones de costos, precios e inversión deben primar sin duda los análisis técnicos que conjuguen la sostenibilidad financiera de los operadores con costos razonables para los consumidores de energía”.
Y en relación con los cambios en el Cargo por Confiabilidad resaltó que es un mecanismo clave para financiar generación firme, se ha considerado que podrían reducir ingresos de generadoras, desincentivar inversiones y aumentar el riesgo de escasez eléctrica en Colombia, afectando especialmente las regiones con alta dependencia del sistema interconectado nacional como la Caribe, donde la demanda eléctrica crece más rápido que la oferta disponible.