1 de octubre 2025 – Según el Cree y la UPME, el país está en riesgo de desabastecimiento de gas y electricidad hacia 2027-2028 y los altos costos de las tarifas marcan la crisis energética que hereda el próximo gobierno. CAMBIO consultó a expertos sobre la viabilidad de las propuestas de algunos precandidatos presidenciales para enfrentar estos problemas.

Colombia corre el riesgo de enfrentar un déficit de gas a partir de 2026 y de electricidad hacia 2027-2028, según estimaciones del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). La lenta expansión de proyectos solares y eólicos, los cuellos de botella en la transmisión y las trabas en licencias y consulta previa amenazan la seguridad de suministro. A esta fragilidad se suman las altas tarifas de luz y gas.

Por todo lo anterior, el debate sobre cómo evitar el déficit se volvió un punto álgido de la campaña presidencial. Un grupo de precandidatos que participaron en el foro ‘Futuro del sector energético’, organizado por Anif, discrepan entre explorar más hidrocarburos y usar la técnica fracking, acelerar licencias, o apostar por energías renovables. La pregunta de fondo es si sus propuestas pueden cumplir con el doble desafío de garantizar suministro y avanzar hacia la descarbonización. Para entender qué tan realistas son sus recetas, CAMBIO consultó a varios expertos del sector energético.

¿Cómo garantizar la seguridad de suministro y evitar el déficit energético?
El primer punto clave es la forma de enfrentar el riesgo de un déficit de gas y electricidad. Precandidatos como Efraín Cepeda, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Paloma Valencia defienden ampliar la exploración de hidrocarburos –incluso permitir el fracking–.

El director de Energía e Industrias Reguladas en la firma de abogados Cuatrecasas, Manuel Gómez Fajardo, advierte que el país ya enfrenta un estrechamiento serio: “La demanda de gas ya supera bastante la oferta (…) estamos necesitando de importación (…) lo cual puede tener un impacto relevante en el costo unitario de gas para las facturas de los usuarios finales”. Para él, la prioridad inmediata es ”más rondas de exploración para depender menos de la importación y extender las reservas”. Susana Muhamad, quien hasta el momento del evento era precandidata, pero luego se retiró para apoyar a Iván Cepeda, encarna la postura del Gobierno al haber sido ministra de Ambiente, propone reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la incorporación de energías renovables. Esa disyuntiva entre más fósiles o más verdes fue sometida al juicio de los expertos

En el mismo sentido, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta recuerda que “el país desde diciembre del año anterior se ha visto precisado, después de 45 años, a tener que importar gas natural para atender la demanda esencial”. Acosta fue aún más tajante al ligar la decisión política de frenar los pilotos de fracking con la pérdida de seguridad energética y culpa al Gobierno por el déficit.

Cabe señalar que el debate no se limita al gas. Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, subraya que la amenaza también viene del lado eléctrico: “De 20.108 MW que debieron estar operando conectados a red de centrales solares y eólicas, solo 3.000 MW fueron conectados (…) nos acercamos a un escenario de alta probabilidad de ocurrencia en el cual el abastecimiento eléctrico en Colombia para el quinquenio 2025-2030 es de alta incertidumbre”. Para el presidente, los retrasos en transmisión y en la entrada de renovables comprometen la confiabilidad del sistema y, lejos de dirimirse en el plano ideológico, requieren una “transición ordenada, diversificada y financieramente sostenible”.

Esa advertencia matiza las propuestas de Cepeda, Cárdenas y Valencia, que prometen agilizar licencias y subastas como llave para ampliar oferta, y también la de Oviedo, que plantea cerrar la brecha de gas mediante contratos de largo plazo.

El analista David Celeita considera que ni unos ni otros resuelven el problema de fondo: “Los contratos de largo plazo y la agilización de trámites son instrumentos útiles y necesarios, pero no son suficientes por sí solos”.

El punto de encuentro de los expertos es la necesidad de reglas estables. Gómez Fajardo subraya que “lo más importante es una institucionalidad, reglas de juego e incentivos claros desde el punto de vista tarifario”. Acosta, por su parte, coincide al advertir que “en la medida que en el próximo gobierno recobre la confianza inversionista y la seguridad jurídica, la industria de los hidrocarburos se recuperará”. Para ellos, sin señales regulatorias firmes, ni los planes de ampliar la oferta fósil ni los de acelerar la transición verde atraerán la inversión necesaria a tiempo.

Las tarifas de gas y energía, el otro ‘chicharrón’ que tendrá que solucionar el próximo gobierno
La fragilidad en el suministro no solo amenaza con apagones, sino que también presiona las tarifas de electricidad y gas, uno de los temas que más irrita a los consumidores y que divide a los precandidatos. Mientras Cepeda, Oviedo, Galán, Cárdenas y Valencia sostienen que los altos precios son consecuencia de la falta de oferta y de los cuellos de botella en transmisión, Muhamad afirma que el problema está en la ineficiencia del mercado y en contratos opacos, y plantea que el Estado asuma mayor control sobre las térmicas y la gobernanza del sector.

El exministro Acosta considera que la explicación está del lado de la oferta: “En Colombia la principal causa del alza en los precios y las tarifas de la energía es el déficit de la oferta en firme de energía. Según XM, mientras la demanda está alrededor de 241,89 GWHD, la oferta está en 237,55 GWHD (…) Solo si hay más oferta de energía firme los precios y las tarifas tenderán a bajar”. Para Acosta, el país ya opera al límite de su capacidad.

Pero otros expertos ponen el acento en que la oferta no lo explica todo. Pedraza Gutiérrez recuerda que los sobrecostos también provienen de la estructura misma de las cadenas de transporte y distribución: “Las tarifas de ambos servicios han crecido de manera sostenida y rápida en los últimos cinco años, asociadas en parte al disparo de la inflación y del IPP. (…) Los costos de generación eléctrica y del gas natural en el mercado mayorista constituyen el 34 por ciento para los primeros y el 55 por ciento para los segundos de los precios cobrados en las correspondientes facturas”. Para el gremial, esto demuestra que la discusión política a menudo descuida la modernización de redes, el control de pérdidas y la eficiencia en transporte y comercialización, que pesan casi tanto como la producción misma.

Esa visión matiza las promesas de Cepeda, Oviedo y Cárdenas, que asumen que bastará con perforar más pozos y tender más líneas para aliviar el bolsillo de los usuarios. También choca con la narrativa de Muhamad, que atribuye los precios a la especulación de los generadores. La realidad, coinciden los expertos, es que ninguna de las dos visiones es suficiente por sí sola, se necesita una estrategia conjunta.

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