El XII Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía, reunido bajo el lema Energía 360°- motor de transición confiable, segura y sostenible, con la participación de representantes del sector energético nacional, analizó y debatió los retos estructurales que enfrenta el país en el tablero energético global de incertidumbre, en el siguiente marco:
- Colombia enfrenta un déficit de energía firme y un rezago de ejecución en los proyectos de generación y transmisión que condiciona la velocidad a la que el país puede electrificar su economía con seguridad.
- La transición energética y la seguridad de suministro no son objetivos en competencia, sino condiciones mutuamente dependientes: no hay transición sostenible sin seguridad de suministro, y no hay seguridad duradera sin una transición ordenada.
- La digitalización y la descentralización del sistema eléctrico son condiciones habilitantes —no complementos opcionales— para acelerar la electrificación y la descarbonización del país.
- La prestación del servicio de energía en la región Caribe continúa enfrentando una crisis estructural que exige un modelo distinto de prestación, no ajustes incrementales al esquema vigente.
- La confianza de los inversionistas, nacionales e internacionales, es la condición transversal sin la cual ninguna de las metas de política energética del país es alcanzable.
- Los centros de pensamiento en el sector energético y en de telecomunicaciones encuentran muchos campos comunes por la convergencia entre ambos sectores, convergencia que llama a una integración de esfuerzos.
EL CONGRESO DECLARA ANTE EL GOBIERNO NACIONAL LAS SIGUIENTES PRIORIDADES:
- Vínculo indisoluble entre transición y seguridad energética. Toda política de transición debe incorporar, desde su diseño y no como consecuencia esperada, indicadores verificables de seguridad de suministro. Condicionar la electrificación a la firmeza del sistema no es una limitación a la transición: es la condición que la hace sostenible.
- Aceleración urgente de los proyectos de generación y transmisión. Los proyectos ya aprobados y en desarrollo deben cumplir sus cronogramas y acelerar su entrada en operación. El país no puede seguir acumulando metas de electrificación sobre una base de infraestructura que no avanza al ritmo que esas metas exigen. Exhortamos al Gobierno a remover los cuellos de botella administrativos, de permisos y de licenciamiento que hoy retrasan la puesta en servicio de estos proyectos.
- Coordinación interinstitucional más eficaz. La dispersión de responsabilidades entre el Ministerio de Minas y Energía, la CREG, la UPME, las autoridades ambientales y los entes territoriales sigue generando fricciones que retrasan decisiones críticas. El país necesita mecanismos de coordinación con autoridad real para destrabar proyectos y armonizar la regulación con la planeación.
- Un nuevo modelo de prestación del servicio en la región Caribe. La crisis de confiabilidad y de gestión comercial en esta región no se resuelve con intervenciones temporales. Es momento de estructurar, con participación del sector privado y las autoridades competentes, un modelo de prestación distinto y sostenible en el tiempo.
- Planes y programas concretos para acelerar la digitalización, la descentralización y la descarbonización. Estos tres procesos deben dejar de tratarse como aspiraciones de largo plazo y convertirse en hojas de ruta con metas, plazos y responsables institucionales definidos, con especial atención a la modernización de la infraestructura de medición y de distribución que las hace posibles.
- Recuperar la confianza de los inversionistas como prioridad transversal. Por encima de cualquier meta individual, el Gobierno Nacional debe enviar señales regulatorias estables, predecibles y sostenidas en el tiempo. Sin esa confianza, ninguna de las prioridades anteriores —ni la aceleración de proyectos, ni la transformación del Caribe, ni la digitalización del sistema— será financiable ni realizable.
El sector energético colombiano reafirma su disposición a trabajar de la mano del Gobierno Nacional para convertir estas prioridades en resultados concretos, en beneficio de la confiabilidad, la competitividad y la sostenibilidad del sistema energético del país.
- Vínculo indisoluble entre transición y seguridad energética. Toda política de transición debe incorporar, desde su diseño y no como consecuencia esperada, indicadores verificables de seguridad de suministro. Condicionar la electrificación a la firmeza del sistema no es una limitación a la transición: es la condición que la hace sostenible.
- Aceleración urgente de los proyectos de generación y transmisión. Los proyectos ya aprobados y en desarrollo deben cumplir sus cronogramas y acelerar su entrada en operación. El país no puede seguir acumulando metas de electrificación sobre una base de infraestructura que no avanza al ritmo que esas metas exigen. Exhortamos al Gobierno a remover los cuellos de botella administrativos, de permisos y de licenciamiento que hoy retrasan la puesta en servicio de estos proyectos.
- Coordinación interinstitucional más eficaz. La dispersión de responsabilidades entre el Ministerio de Minas y Energía, la CREG, la UPME, las autoridades ambientales y los entes territoriales sigue generando fricciones que retrasan decisiones críticas. El país necesita mecanismos de coordinación con autoridad real para destrabar proyectos y armonizar la regulación con la planeación.
- Un nuevo modelo de prestación del servicio en la región Caribe. La crisis de confiabilidad y de gestión comercial en esta región no se resuelve con intervenciones temporales. Es momento de estructurar, con participación del sector privado y las autoridades competentes, un modelo de prestación distinto y sostenible en el tiempo.
- Planes y programas concretos para acelerar la digitalización, la descentralización y la descarbonización. Estos tres procesos deben dejar de tratarse como aspiraciones de largo plazo y convertirse en hojas de ruta con metas, plazos y responsables institucionales definidos, con especial atención a la modernización de la infraestructura de medición y de distribución que las hace posibles.
- Recuperar la confianza de los inversionistas como prioridad transversal. Por encima de cualquier meta individual, el Gobierno Nacional debe enviar señales regulatorias estables, predecibles y sostenidas en el tiempo. Sin esa confianza, ninguna de las prioridades anteriores —ni la aceleración de proyectos, ni la transformación del Caribe, ni la digitalización del sistema— será financiable ni realizable.
El sector energético colombiano reafirma su disposición a trabajar de la mano del Gobierno Nacional para convertir estas prioridades en resultados concretos, en beneficio de la confiabilidad, la competitividad y la sostenibilidad del sistema energético del país.