Bogotá 19 de febrero – Colombia ingresó a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) tras un proceso de cinco años. En CAMBIO les contamos qué significa esta adhesión y qué beneficios traerá para el país.
Colombia fue aceptada como el miembro número 33 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo autónomo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo el resultado de un riguroso proceso de adhesión iniciado hace cinco años.
La AIE fue fundada en 1974 para dar respuesta a la crisis del petróleo, derivada de interrupciones en el suministro del crudo alrededor del mundo. Se trata de la máxima autoridad energética del mundo que, aunque nació para gestionar la seguridad petrolera, hoy es el principal motor de investigación y recomendación de políticas para la transición energética, redes eléctricas y eficiencia a nivel global. Así, Colombia se integra al grupo de naciones “que definen el rumbo de la seguridad energética, la expansión de fuentes limpias y la eficiencia global”, según el Ministerio de Minas y Energía.
“Esta invitación valida la solidez de nuestras instituciones y nuestra capacidad técnica. Ser miembro pleno de la AIE significa que el país se sienta en la mesa donde se toman las decisiones globales. Es un mensaje contundente de confianza para la inversión, estabilidad para los mercados y protección para los hogares colombianos”, dijo el jefe de la cartera, Edwin Palma.
Para ser miembro de la agencia, Colombia tuvo que adoptar una serie de medidas desde 2021: crear la Comisión Intersectorial para la Gestión de Emergencias de Hidrocarburos mediante la expedición del decreto 1505 de 2022; elaborar un manual con diez medidas a distintas escalas para reducir el consumo en un 10 por ciento durante crisis severas; y consolidar las estadísticas a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), para eliminar la dispersión de información sobre carbón, gas y minerales. Estos aspectos fueron clave para cumplir los requisitos de ingreso a la entidad.
Esto se suma al trabajo de equipos técnicos del Gobierno bajo la coordinación de Planeación Nacional, con una sinergia entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, la Cancillería, la UPME y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
“Esta sinergia permitió que Colombia superara los rigurosos estándares de la agencia, demostrando que la visión de un país descarbonizado es compatible con la seguridad energética y la estabilidad macroeconómica. Este ingreso es un triunfo de la planificación. Hemos demostrado que Colombia tiene la solidez técnica para responder a crisis globales y liderar el cambio hacia las energías limpias”, aseguró la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina.
Según el Ministerio de Minas y Energía, al integrarse a la agencia, el país asegura su soberanía energética con mecanismos de cooperación internacional, atrae capital estratégico para infraestructura y reafirma que es posible transitar hacia una economía descarbonizada sin sacrificar la seguridad del sistema.
De acuerdo con el Gobierno, lo que sigue es realizar el trámite correspondiente ante el Congreso para la ratificación definitiva de este ingreso. Tras la adopción formal de la decisión, el Gobierno de Colombia deberá firmar el ‘Instrumento de Adhesión al Acuerdo de la Agencia’. Posteriormente, se depositará el instrumento ante el depositario. La membresía plena entrará en vigor una vez finalizados estos pasos formales.
¿Qué beneficios ofrecerá la membresía de Colombia en la Agencia Internacional de la Energía?
Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía, en diálogo con CAMBIO, explicó que la entrada de Colombia a la agencia “significa que el país pasa a formar parte del principal foro global donde se discuten seguridad energética, mercados y transición energética e implica acceso a información estratégica de primer nivel y a cooperación técnica especializada”. Así mismo, afirmó que, en la práctica, “es una señal que reconoce la calidad de la historia institucional energética colombiana y una oportunidad para fortalecer las políticas públicas con estándares globales”.
Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), por su parte, describió más a fondo las discusiones de dicho foro y cómo beneficiarán a Colombia.
Ortega explicó que el país compartirá espacios donde se analizarán escenarios globales de oferta y demanda, riesgos geopolíticos, mercados energéticos y políticas de transición. “Esto fortalece nuestra capacidad de anticipación y planeación de largo plazo”, dijo.
En estos espacios, entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la Creg participarán en procesos avanzados de intercambio técnico, análisis comparado y formulación de políticas basadas en evidencia. Según Ortega, esto “elevará la calidad del debate energético nacional”.
Igualmente, se coordinarán respuestas ante crisis de suministro, se compartirán mejores prácticas en eficiencia energética y transiciones adecuadas, y se articularán iniciativas de innovación tecnológica con impacto local y global.
“La participación activa en los grupos técnicos de la Agencia permitirá desarrollar mayores capacidades analíticas en gestión de crisis, planeación energética, mercados y proyecciones de largo plazo, aspectos críticos ante la coyuntura actual de abastecimiento”, manifestó Ortega.
Estos beneficios se suman a una seguridad energética garantizada, que fue el propósito inicial de la creación de la AIE, lo cual resulta fundamental para asegurar la confiabilidad, suficiencia y sostenibilidad económica del sistema eléctrico y del mercado de gas natural de Colombia. De acuerdo con el experto, existe un panorama preocupante en el sector energético del país: riesgos estructurales en materia de abastecimiento tanto de energía eléctrica como de gas, atrasos en proyectos de transmisión, la necesidad de mayor energía firme, la reducción de reservas probadas de gas y la incertidumbre regulatoria.
“El acceso directo a marcos comparados y escenarios globales permitirá diseñar estrategias que integren seguridad energética presente y futura con metas climáticas realistas y acordes con la estructura productiva nacional”, afirmó.
También consideró que esta noticia puede posicionar a Colombia como puente entre América Latina y los principales países productores y consumidores de energía, y atraer oportunidades de inversión en generación, transmisión, exploración y nuevas tecnologías, “siempre que el país garantice coherencia regulatoria y señales económicas adecuadas”.
Sobre este último punto, Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, está de acuerdo. Aclaró que esa confianza no solo dependerá de la afiliación, sino también de la actitud del Gobierno de Colombia, que sea permisivo, incentive y promueva la inversión, garantizando seguridad jurídica para que las inversiones no corran riesgos por cambios abruptos de tipo tributario o constitucional que pongan en riesgo sus capitales.
“Colombia urgentemente necesita mucha inversión. Que vayan al torrente energético muchos megavatios para suplir el déficit que tenemos hoy y que solamente entre 2024 y 2025 se incrementó en 7 por ciento”, comentó.
Pedraza aseguró que, de esta forma, habrá más dinero para proyectos y mayores ingresos para las empresas, que derivan en un mejor empleo para la población.
Otro punto en el que también coincidieron Andesco y la Cámara Colombiana de la Energía es que esta adhesión fortalece el compromiso del país con una transición energética. Mientras que, para Pedraza, el ingreso de Colombia contribuirá a la promoción de políticas para la transición energética y a la inversión en tecnologías de energías limpias, para Ortega este proceso debe ser “climáticamente responsable, pero también técnico, gradual, económicamente viable y socialmente sostenible”.
Sin embargo, para la Cámara Colombiana de la Energía, la membresía no es suficiente, pues aún se necesitan políticas reales del Gobierno que, en lugar de castigar al empresariado, estimulen la inversión en el sector para proveer seguridad energética.
