Colombia no quiere perder el paso de lo que sucede en el mundo en materia de energías renovables no convencionales.
La UPME tiene inscritos cerca de 200 proyectos para producir energía limpia con inversiones que superan los US$6.000 millones.
Colombia no quiere perder el paso de lo que sucede en el mundo en materia de energías renovables no convencionales. El fenómeno de El Niño del año pasado, que tuvo al país al borde de un fuerte apagón, develó la necesidad de explorar fuentes energéticas más limpias y amigables con el medioambiente y, a largo plazo, también con el bolsillo de los consumidores.
Actualmente hay en el país cerca de 200 proyectos de energías renovables no convencionales inscritos en la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME) que podrían aportar al sistema eléctrico nacional unos 4.000 megavatios (MW) de potencia que comprometen inversiones por más de US$6.000 millones.
Alejandro Lucio, director de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER), indicó que “hay una serie de necesidades desde el punto de vista de la regulación para que estos proyectos cierren financieramente y puedan llevarse a cabo”.
Los proyectos que actualmente han sido inscritos en la UPME equivaldrían al 40 % de la demanda actual de potencia del país.
Sin embargo, los empresarios señalan que no se han fijado mayores beneficios, salvo los que contempló la Ley 1715 de 2014, para impulsar el desarrollo de este tipo de energías. Muchos se quejan de las trabas para el licenciamiento de los proyectos. “Uno no ve que haya un matrimonio entre lo que dispuso la ley y lo que hacen las entidades que dependen del Gobierno para terminar de impulsar el desarrollo de estas energías en el país”, dice Andrés Taboada, presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, quien considera que en materia de desarrollo de estas iniciativas “estamos en pañales” al lado de otros países de la región.
“Tenemos que mejorar los tiempos y simplificar la aprobación de beneficios que vienen de la Ley 1715, que incentiva estas tecnologías, y adicionalmente evitar que la regulación a través del cargo de respaldo para los operadores actuales limite a los clientes que quieran optimizar y mejorar sus consumos de energía”, considera Ricardo Sierra, presidente del grupo Celsia.
La directora de energía y gas de Andesco, Kathrine Simancas, consideró que, como generación a futuro de estos proyectos, se requiere establecer el mecanismo regulatorio de remuneración de este tipo de alternativas. Respecto a la región, el país está rezagado, pero frente a lo que queremos “hoy tenemos una matriz con alto porcentaje de renovables, como la hidráulica. Pero nos falta un camino por recorrer y tenemos que hacerlo”. Asimismo insistió en la regulación para la venta de excedentes energéticos.
“En Celsia estamos convencidos de la importancia de las energías solar y eólica. Hemos avanzado y tenemos granjas solares en construcción y más de 100 clientes que han abrazado el servicio de Celsia y el montarse en este boom solar”, destacó Sierra.
Un vocero de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aclaró que la mayor parte de los proyectos son competencia de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y lo que la ANLA está promoviendo son los estímulos tributarios, según aclaró un vocero de la entidad estatal para responder a la queja de los empresarios por la demora en los licenciamientos.
TOMADO DE EL ESPECTADOR.COM
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