20 de junio – El Heraldo – Expertos advierten no solo heredará una empresa en crisis, sino también la responsabilidad de garantizar el servicio a millones de usuarios, estabilizar las finanzas y definir un modelo sostenible para la región.
Por décadas, la crisis energética de la región Caribe ha sido una constante. La consolidación de una empresa de energía capaz de brindarle a más de 11 millones de habitantes un servicio de calidad y con tarifas competitivas ha sido uno de los mayores desafíos que han enfrentado los distintos gobiernos de turno.
Las intervenciones estatales, los cambios de operador y las promesas incumplidas forman parte de una historia que parece repetirse una y otra vez, sin que se vislumbre una solución de fondo ni a corto ni a mediano plazo.
Cabe recordar que, tras la intervención de Electricaribe en 2016 y su posterior liquidación,se optó por dividir el mercado entre dos operadores: Afinia, que hoy presta el servicio en Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, y Air-e, encargada de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Sin embargo, solo unos años después, el modelo volvió a fracasar.
Una vez más, los usuarios del Caribe colombiano tuvieron que revivir el fantasma de la intervención. En septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión de Air-e ante el deterioro financiero, operativo y comercial de la compañía.
La decisión despertó expectativas entre usuarios, empresarios y autoridades locales, que confiaban en que el Gobierno nacional podría corregir los problemas estructurales acumulados durante años y encaminar a la empresa hacia su recuperación. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación terminó agravándose.
Durante los 21 meses de intervención con fines liquidatorios, por Air-e han pasado cinco agentes interventores, se ha acumulado una deuda superior a los 2,7 billones de pesos —gran parte de ella con los generadores de energía— y no ha realizado las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad y continuidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Petro anuncia liquidar
El anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e volvió a encender las alarmas. Más aún, cuando en pocas horas se conocerá quién será el próximo presidente de Colombia y tendrá en sus manos el futuro eléctrico no solo de la región Caribe, sino del país.
Por eso, en la actualidad reina la incertidumbre ya que el mensaje no estuvo acompañado de una hoja de ruta clara sobre cómo se realizará la transición, quién realmente asumirá la operación del servicio ni cuándo comenzará el proceso.
Desde distintos sectores, incluidos los gobernadores de la región Caribe y el alcalde de Barranquilla, persisten las dudas sobre cómo se atenderán las millonarias deudas acumuladas y qué medidas se adoptarán para evitar que la crisis de Air-e se convierta en una bomba de tiempo que heredará el próximo Gobierno.
Al respecto, el alcalde Alejandro Char, quien ya le había solicitado al Gobierno nacional el manejo de la empresa Air-e, cuestionó fuertemente al jefe de Estado por la falta de resultados de la intervención a la que calfició como un “desastre”.
“Ya van cinco interventores y la deuda con las empresas generadoras se duplicó y hasta se triplicó. Eso ha sido lo peor que ha pasado”, afirmó.
Lo cierto es que días después del anuncio del presidente Petro, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que no será en este Gobierno que se lleve a cabo la liquidación de la empresa.
Es decir, le deja al nuevo gobierno la tarea de encontrar una solución a la crisis energética, no solo de Air-e, sino también de Afinia. Para los expertos, más allá de la discusión jurídica y política, el verdadero reto será garantizar la continuidad del servicio de energía en la región.
Gremios se pronuncian
Ante este panorama, el Comité Intergremial de Energía y Gas —integrado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, SER Colombia, Naturgas y ACP— calificó la medida como “apresurada y carente de sustento técnico” y advirtió que, antes de avanzar en una eventual liquidación, es necesario estructurar una solución empresarial que garantice la continuidad del servicio en la región Caribe.
Al tiempo, propuso una solución de fondo para el sistema eléctrico de la región Caribe. La iniciativa contempla la participación del Estado y que tenga en cuenta los altos niveles de pobreza de la población y las particularidades del mercado regional, buscando un equilibrio entre tarifas eficientes y empresas viables para garantizar la prestación del servicio.
Por otro lado, teniendo presente que ya se siente los efectos del fenómeno de El Niño, la presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, hizo un llamado para que, ante la billonaria deuda de la empresa intervenida con las plantas térmicas, se les pague oportunamente para que puedan comprar gas, combustibles líquidos y carbón, y así garantizar su operación.
“Las térmicas deben entrar en funcionamiento antes de que se agudice el verano para permitir que las hidroeléctricas conserven agua y lleguemos a diciembre con los embalses en niveles seguros”, indicó.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), calificó el anuncio del Ejecutivo como un acto “irresponsable y poco sensato” .
Aseguró que el Gobierno no ha encontrado un operador idóneo para reemplazar a Air-e y que las empresas estatales no tienen la capacidad financiera para asumir una compañía que hoy pierde entre $150 mil y $200 mil millones al mes.
A su turno, la Cámara Colombiana de la Energía advirtió que esta situación pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio eléctrico, así como la estabilidad financiera del sector en la región.
Además, podría debilitar el mercado energético nacional y dificultar la capacidad de respuesta ante escenarios de sequías severas asociadas al fenómeno de El Niño.
El gremio también alertó que las comunidades y empresas podrían enfrentar mayores costos, deterioro en la calidad del servicio y retrasos en proyectos de electrificación y desarrollo regional.
Además, puso de presente el riesgo de modelos anteriores: “Es peligroso regresar a modelos empresariales estatales que ya fracasaron en el pasado como Corelca y sus electrificadoras”.
¿Una nueva empresa?
Pese a que no se ha oficializado que la empresa estatal Gecelcase encargue de la operación de Air-e, los cuestionamientos sobre su capacidad no se hicieron esperar.
El primero en hacerlo fue el gobernador Eduardo Verano, quien aseguró que la empresa no cuenta actualmente con la capacidad necesaria para asumir esa función de manera inmediata.
Recalcó que Gecelca es una empresa de generación que tiene también sus propias tareas y no tiene la infraestructura para que “de la noche a la mañana, empezar a prestar un servicio de distribución de energía, que es muy especializado. Está bien que pertenezca al mismo sector, pero son funciones diferentes”.
En esa misma línea, el experto en temas energéticos, César Uparela, afirmó que Gecelca no está en capacidad de asumir la operación de Air-e debido a que la empresa estatal no cuenta con la experiencia ni la estructura necesaria para prestar el servicio de distribución y comercialización de energía a más de 1,3 millones de usuarios.
Para Uparela, este o el próximo gobierno tiene que adelantar un proceso de selección para encontrar una empresa pública, privada o mixta que cuente con la capacidad técnica y financiera para asumir la operación.
“Lo que corresponde es abrir una licitación para que se presenten empresas que tengan la experiencia y el músculo financiero suficiente para hacerse cargo de esta operación”, indicó.
No a la liquidación
Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, insistió en que la prioridad frente a la crisis de Air-e no debe ser la liquidación de la empresa, sino su estabilización financiera.
Para el líder de los usuarios, esta sigue siendo la alternativa más viable para garantizar la continuidad del servicio en la región Caribe: “Lo primero que hay que hacer, y que se debió haber hecho desde cuando el Gobierno intervino la empresa, es estabilizar a Air-e, porque está atravesando graves dificultades, tal como lo reconocen el propio Gobierno y el sindicato de la empresa”.
Para lograrlo, señaló, se requieren importantes inyecciones de capital a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, mecanismo que cuenta con autorización legal para obtener créditos de la banca nacional e internacional y gestionar aportes del Gobierno nacional.
Alarcón propuso, además, que una vez se estabilice la empresa se avance en la creación de una empresa de energía del Caribe de carácter mixto.
La iniciativa contempla integrar activos y capacidades de empresas públicas ya existentes, entre ellas Urrá, Gecelca, Transelca, Air-e y Afinia, con el propósito de construir una estructura empresarial sólida para la región.
Finalemente, Alarcón afirmó que esta es una “gran oportunidad para que el Estado colombiano salde la deuda histórica que tiene con el Caribe y construya una política pública eléctrica y energética de largo plazo, que no dependa de los vaivenes de cada Gobierno”.
El largo camino que implica el proceso de liquidación de Air-e
El abogado Gustavo Cuberos de la firma Holland & Knight, explicó que, desde el punto de vista jurídico, el proceso de liquidación de Air-e tendría varias etapas que ya están previstas en la normativa vigente para las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Señaló que la primera fase corresponde a la toma de posesión para administrar la compañía, una etapa que ya fue agotada y que al no lograr el resultado esperado como lo era su recuperación financiera y operativa durante la intervención, se estaría avanzando hacia un proceso de liquidación.
Para ello, se requiere de la expedición de una resolución en la que se le informe a la ciudadanía y a todos los acreedores de la compañía que la empresa será liquidada. A partir de ese momento, quienes tengan reclamaciones económicas deberán presentar sus créditos y las pruebas correspondientes ante el liquidador.
Sin embargo, debido al tamaño de Air-e y al impacto económico, político y social que tiene para la región Caribe este proceso sería muy complejo, por lo que antes de tomar una decisión definitiva se deberán realizar análisis técnicos, jurídicos y financieros. Para Cuberos, la condición más importante no es jurídica sino práctica: garantizar quién asumirá la prestación del servicio una vez Air-e salga del mercado.
“Sin una solución clara para la continuidad del servicio eléctrico, resulta imposible adelantar una liquidación efectiva”, advirtió.
Finalmente, recordó que la ley establece un plazo máximo de cuatro años para culminar un proceso de liquidación.