La decisión de la Cámara Colombiana de la Energía de pertenecer a esta asociación de gremios se fundamenta en dos frentes de trabajo en común que tenemos con los demás gremios asociados:
Bogotá, 13 de junio de 2017
La decisión de la Cámara Colombiana de la Energía de pertenecer a esta asociación de gremios se fundamenta en dos frentes de trabajo en común que tenemos con los demás gremios asociados:
En primer lugar es la lucha contra la competencia desleal, que en nuestro caso en particular se configura como contrabando técnico, al existir en Colombia productos que han sido importados con certificados RETIE, RETILAP o RETIQ que son adulterados, el abuso de marca registrada, al comercializarse en Colombia productos que no cumplen con los mencionados reglamentos utilizando de forma abusiva las marcas registradas de nuestros afiliados que sí cumplen, o el reciclaje de productos de segunda mano que nuevamente utilizando certificados y marcas adulteradas, son reintroducidos como nuevos al mercado de productos y equipos eléctricos. Para colmo de males, la DIAN y la SIC no cuentan con los recursos humanos y financieros suficientes para adelantar las investigaciones del caso, por lo que pretenden que seamos los empresarios quienes tengamos que realizar la investigación y proveer las pruebas del delito, como si fuésemos el CTI de la Fiscalía u otro ente con atribuciones policivas.
El segundo frente de trabajo común está relacionado con la multiplicidad de reglamentos y sistemas de gestión de obligatorio cumplimiento para las empresas que trabajan de forma legal en el país. Existen casos en los que un solo trabajador debe estar certificado en seis diferentes sistemas de gestión o reglamentos técnicos; cada curso de certificación toma en promedio 50 horas y debe realizarse de forma anual. Esto significa que las empresas deben pagar por un empleado que dejará de asistir durante 6 semanas al año a su puesto de trabajo por estar realizando cursos de certificación, cuyo costo adicionalmente debe ser cubierto por la misma empresa. Esto es un golpe fulminante para la productividad y la competitividad de las empresas nacionales, que al trasladar estos costos al precio de sus productos y servicios, quedan en desventaja frente a la competencia internacional o frente a la competencia de los informales, quienes al no incurrir en estos costos, ganan cada vez más espacio frente al empresario legal.