Bogotá 27 de enero de 2023. Las leyes 142 y 143 de 1.994 introdujeron un cambio fundamental en el modelo de prestación de servicios públicos en el país al darle entrada a operadores privados al desarrollo de estas actividades. En el caso de la energía este cambio fue especialmente impactante toda vez que en este sector la participación de privados es, en algunas regiones y en algunos eslabones de la cadena de producción de energía, superior al 50% y puede llegar hasta el 70% en algunos casos. A partir de este cambio se consolidó una estructura del sector energético muy sólida y eficaz para garantizar la prestación del servicio de energía a los colombianos. Esta estructura tiene los siguientes pilares fundamentales: El Ministerio de Minas y Energía como emisor de la política del sector, la UPME encargada del análisis y proyección de desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazo, la CREG encargada de expedir la regulación con un alto componente de análisis técnico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD encargada de la vigilancia y control de las actividades de prestación del servicio. Esta estructura ha garantizado el desarrollo del sector con la dinámica necesaria para una prestación segura y efectiva del servicio de energía. La entrada de operadores privados le dio una dinámica especial de competitividad y eficiencia a los mercados y, en algunos casos, los operadores privados reemplazaron la prestación del servicio de empresas públicas con altos niveles de ineficiencia. Por tanto, consideramos que es fundamental la permanencia del modelo en el que participen actores públicos y privados tal como ha funcionado en los últimos 30 años, sin dejar de lado, por supuesto, las actividades de control y vigilancia para garantizar la eficiencia del mercado y la prestación del servicio en las mejores condiciones de precio y calidad.
Un factor clave para la operación segura del sector ha sido el desarrollo y prevalencia de un alto componente técnico en dos instituciones: en la encargada del análisis y prospección del sector (UPME) y, especialmente en la CREG, entidad que desarrolla la regulación en un sector en el que es fundamental el análisis técnico de las variables y actividades que intervienen en la prestación del servicio. Una intervención política en la actividad regulatoria podría traer consecuencias graves a mediano y largo plazo pues, como hemos afirmado, este es un sector en el que el análisis técnico debe prevalecer en la toma de decisiones sin dejar de incluir, por supuesto, componentes de apoyo social cuando sea necesario en algunos momentos y en algunas regiones del país, como es el caso actual, por ejemplo, de los subsidios de los estratos 5 y 6 para los estratos 1, 2 y 3. Por estas razones desde la CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA consideramos inconveniente la intervención indiscriminada y sin análisis previo de la CREG para que la visión política, a pesar de su buena intención social, pueda afectar el componente técnico necesario para garantizar una prestación segura y de calidad en el servicio de energía.
Tenemos toda la disposición para trabajar con el Gobierno Central y las entidades del sector para construir las soluciones necesarias para seguir avanzando en la prestación del servicio de energía en las mejores condiciones de seguridad, precio y calidad.
Carlos Alberto Zarruk Gómez
Presidente